Resumen: A continuación, se describe cómo se percibe por el autor una propuesta de Mazzucato (2019), sobre el Estado Emprendedor: los riesgos y recompensas. Inicialmente se define el concepto de posibilista y la diferencia entre el concepto de Estado y Gobierno. Luego se describe un punto de vista de un Estado posibilista desde la corriente de la Nueva Gestión Pública, el Estado como componedor del Mercado y como creador de valor público. Finalmente, se indica la conclusión, abierta a la discusión.
Introducción
De acuerdo con la RAE, el posibilismo es una tendencia a aprovechar las posibilidades existentes para conseguir los objetivos que se pretenden. Ser una persona posibilista, desde el punto de vista del autor, significa intentar ver el vaso medio lleno para aprovechar las oportunidades y hacerle frente a las amenazas o retos que esta sociedad del conocimiento nos demanda. Ser posibilista, significa traducir los problemas y necesidades en nuevas oportunidades o capacidades, no solo a nivel personal u organizacional, sino también pensando en mejorar un contexto local, que pueda traer, a mediano o largo plazo, un desarrollo económico con externalidades de innovación positivas para la calidad de vida de los demás. Ser posibilista, significa buscar la co-creación de valor entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – Estado, Academia, Empresa y Sociedad – para que le apuesten más a la invención y educación. En definitiva, ser posibilista, es un mindset o forma de pensar, que saca lo positivo de las diferentes situaciones, sin dejar al lado el pensamiento crítico y es eficiente con los recursos, la información o el conocimiento que tiene, para alcanzar un propósito superior, que trasciende la riqueza o el crecimiento económico personal hacia el bien común del Estado, Gobierno y la Sociedad.
Diferencia entre el Estado y Gobierno
A menudo, los ciudadanos confundimos el concepto de Estado y Gobierno. De acuerdo con Bracamonte (2002), define el concepto de Estado como la institución a través de la cual las acciones políticas se organizan en función del bien común, constituyéndose en una red de relaciones sistemáticas regidas por la ley. El Estado comprende otro concepto, más pequeño, que es el de gobierno, encargado de la administración del Estado con un grupo de hombres que periódicamente se renueva. Otra definición más actual es de Suárez, García y Domínguez (2012), donde afirman que la diferencia técnica-jurídica radica en que el Estado es la organización política de la sociedad y funciona en sus diferentes esferas. El gobierno es una parte de esa organización política, administra y ejecuta sus decisiones, presenta transformaciones en cuanto a sus formas y sistemas, no así para el Estado que siempre permanece idéntico en su esencia. Es decir, haciendo una analogía, el Estado es como si fuera una empresa ubicada en un contexto y territorio específico y el Gobierno es el Gerente y su equipo, que administra los recursos buscando transformaciones y negociaciones gana-gana para la sociedad.
Un Estado posibilista en la Nueva Gestión Pública
Un Estado posibilista es como lo que dice Mazzucato (2019) y que el autor está de acuerdo, es el que tiene el papel de creador de mercado o de creación de valor a partir de la co-creación con empresas del sector privado, compartiendo riesgos pero también recompensas o ganancias. Lo anterior, está alineado con las prácticas de la Nueva Gestión Pública – NGP que surgieron en el Reino Unido, por Thatcher, Primera Ministra, entre otros, a principios de los 80. Thatcher impulsó cambios en la política de gestión pública en diferentes áreas tales como métodos organizativos, incluyendo el sector en el que trabaja el autor; Auditoría. Uno de los cambios que se pueden percibir de estas prácticas de la NGP en Colombia, es el Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG, como herramienta de creación de valor público y para el mejoramiento de la gestión pública, en donde articuló el sistema de Control Interno con el Sistema de Gestión de las organizaciones. (DAFP, 2021).
El Estado como componedor del mercado
El autor está de acuerdo con Mazzucato (2019), en que cuando el Estado como componedor del mercado, el Gobierno tiene un papel pasivo en la sociedad. Desde el punto de vista macroeconómico, su principal función es el establecimiento de reglas, redistribuir la riqueza que crean las empresas y financiar bienes públicos básicos como infraestructura y educación. Desde el punto de vista microeconómico, “regulando los precios de los insumos y la producción y como componedor de los diferentes tipos de fallas de mercado.” Lo anterior, lleva a pensar de que si el Gobierno es visto como un impedimento del crecimiento económico, tiende a la posibilidad de materialización de riesgos como el de la Corrupción. Este fenómeno – La Corrupción – es uno de los que más afecta el Desarrollo Económico de un país. De hecho, es vergonzoso saber que Colombia es uno de los países del mundo en donde más corrupción se percibe, según el Índice de Percepción de Corrupción – IPC, ubicándose en el puesto 87 de 180 países que fueron medidos en 2021, con un puntaje de 39 y que solo ha incrementado 3 puntos en los últimos diez años. Lo anterior, se debe en gran parte por los abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia (Transparencia Internacional, 2021), así como a los hechos o fraudes comprobados por las autoridades o por entidades fiscales y del control interno en las instituciones públicas.
El Estado como creador de valor público
El autor está en desacuerdo con Mazzucato (2019), referente a que el Estado o el Gobierno financie proyectos, programas o empresas privadas para que se inventen o se transfieran tecnologías al mercado, como los casos de éxito que expone Mazzucato (2013) de Internet por la Agencia de Proyectos de Investigación Activados por la Defensa (Darpa por sus siglas en inglés); El sistema de posicionamiento global (GPS) de la Marina de los EE. UU., pantalla táctil por la Agencia Central de Inteligencia (CIA); y el asistente personal activado por voz Siri por Darpa nuevamente. Esto tiene riesgos, como los citados anteriormente, en donde lo que puede pasar es que dichas empresas aumentan su valoración y riqueza, pero que el Estado y la Sociedad en vez de percibir una retribución positiva, por ejemplo, para recaudar más impuestos o generar empleo, lo que sucede es que realizan operaciones internacionales para evadir impuestos (Johnston, 2014) o crear empleos poco decentes en donde explotan a la gente o les aportan una calidad de vida poco adecuada, como es el caso de Amazon.
Para que el estado sea percibido como creador de valor público, más que buscar tener retribuciones económicas, recompensas para el sector público o propendiendo aumentar la inversión en las empresas privadas, el autor considera que se debería trabajar desde los principios y valores de las personas, especialmente, desde los más pequeños, los niños, con el fin de que se cambie la cultura o el mindset que busca ser el “vivo” o aprovecharse del otro y más bien formando personas que entiendan que es mejor colaborar que competir y sobretodo, co-crear con diferentes grupos de interés que crear riqueza personal y adicionalmente, apostándole a implementar casos de éxito en Educación, como el de BBC del Reino Unido, citado por Mazzucato (2019), en donde la inversión en un programa de aprendizaje para que los niños aprendieran pensamiento computacional y más adelante a desarrollar software, trajo consigo efectos positivos, tales como aumentar el interés por nuevas tecnologías y la creación de ARM Holding, una de las compañías más exitosas que se dedica a la fabricación de microprocesadores, los cuales están presentes en casi todos los dispositivos móviles de nuestra vida cotidiana, tales como los celulares inteligentes y las tablets.
Finalmente, uno de los retos más cruciales para la creación de valor en el sector público, es cómo justificar proyectos innovadores, con altos niveles de incertidumbre y en donde los indicadores financieros no sean favorables. Por ejemplo, en el caso de aprobar un proyecto con el indicador del Valor Presente Neto – VPN es negativo y justificarlo desde el punto de vista de los beneficios sociales y ambientales, sin que esto se materialice en un detrimento patrimonial, ya que el presupuesto con el que se está ejecutando el proyecto proviene de los recaudos de los ciudadanos y son recursos o bienes públicos, los cuales, podrían verse como un riesgo materializado, siendo usado para experimentar o simplemente generar externalidades positivas en un mundo cada vez más competitivo y que quiere ver resultados a corto plazo, dado a que es más Volátil, Incierto, Ambiguo y Complejo (VUCA en inglés).
Conclusión
En definitiva, el posibilismo, más que una tendencia para aprovechar posibilidades, es un mindset para identificar oportunidades y riesgos o amenazas de una forma proactiva. El Estado y el Gobierno son conceptos diferentes pero complementarios. Este último, está incluido en primero. Un Estado posibilista en la NGP es el que no solo invierte y asume riesgos en la investigación básica sino que también comparte ganancias, recompensas o regalías con el sector privado. El Estado componedor del mercado es un papel muy pasivo y puede ocasionar que se materialicen riesgos de fraude o corrupción mientras que el Estado como creador de valor público tiene un rol más activo y, si bien, podría darse el riesgo de evasión de impuestos, usa la co-creación para crear servicios y/o productos con el sector privado buscando desarrollo económico, es decir, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y los indicadores de innovación del país.
Por otro lado, el autor considera que la propuesta de Mazzucato (2019), puede no adaptarse muy bien en países en desarrollo como Colombia, ya que aún no se invierte un presupuesto adecuado para la investigación básica – según el porcentaje del PIB -, ni por las empresas privadas en investigación aplicada o desarrollos tecnológicos y en vez de buscar mitigar riesgos o la forma de obtener recompensas o más recaudo por parte del Gobierno, lo que se debería hacer, es trabajar más en la disminución de la corrupción, evasión de impuestos y en la implementación de propuestas como la del MIPG, en donde tiene como objetivos: fortalecer el talento humano, desarrollar una cultura organizacional sólida; mejorar el direccionamiento estratégico sin que se afecte por cambios en los cargos de libre nombramiento y remoción de los Gobiernos de turno; optimizar los procesos internos con tecnologías, productos o servicios de alto valor, y, teniendo como punto de partida principal, atender los derechos, necesidades y problemas de la ciudadanía para lograr mayor confianza y percepción de valor público. Este último, entendido como resultados observables y medibles que el Estado debe alcanzar para dar respuesta a las necesidades o demandas sociales. (DAFP, 2022).
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